El juez acusa a Moncloa de la filtración contra Ayuso y procesa al fiscal general por ejecutarla

El sistema institucional español se enfrenta así a un desafío desconocido, toda vez que el fiscal lo encarará sin intención de renunciar a su cargo y con el Gobierno avalándolo sin propósito de removerlo. En el auto de 51 páginas hecho público este lunes, Hurtado pide que se abra juicio a García Ortiz por revelación de secretos –que puede llegar a castigarse con hasta cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación– al entender que hay indicios suficientes de que él fue el cauce para una supuesta operación delictiva al entrar en «una dinámica frenética», siguiendo las «indicaciones» de la Presidencia de Gobierno, a fin de dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto a la pareja de Ayuso; y desvelando para ello el 'mail' del abogado de Alberto González Amador en que apuntaba a la admisión por su cliente de dos delitos fiscales a cambio de eludir una posible pena de prisión. Una revelación ilícita, según el instructor del Supremo, en la que García Ortiz contó con la cooperación de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también procesada.

En su resolución, Hurtado sostiene que, «a nivel indiciario», cabe «presumir» que aunque el fiscal general borró a conciencia sus dispositivos móviles –no solo hizo desaparecer los mensajes, sino que cambió de telefóno el 23 de octubre de 2024, justo una semana después de que el Supremo lo imputara–, la reconstrucción de los hechos apunta a que fue él quien dio la orden de filtrar el correo del letrado de González Amador. El sentido de ese 'mail' trascendió a la prensa a través de la Cadena Ser la noche del 13 de marzo y su contenido íntegro fue hecho público por El Plural, diario digital dirigido por Angélica Rubio, quien directora de Comunicación de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, la mañana del día siguiente.

Es la filtración de ese correo (y no la publicación ese 14 de marzo de una nota oficial por la Fiscalía ofreciendo detalles de esa comunicación) la que va a acabar, salvo sopresa, con García Ortiz y Rodríguez ante la Sala de lo Penal del Supremo. Hurtado, que da diez días a las partes para impugnar su pronunciamiento, sostiene que hay delito en la revelación de ese 'mail' porque «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad».

En ese mensaje electrónico, fechado en origen el 2 de febrero de 2024, el abogado Carlos Neira informaba al acusador público    del caso, Julián Salto, de su voluntad de llegar a un acuerdo para que su cliente se limitara a pagar una multa con la contrapartida de reconocer que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Neira se refería a la acusación del fisco contra González Amador de haber dejado de ingresar al erario, en 2020, 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades correspondiente a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L.; y por ese mismo impuesto, en 2021, otra cuota de 195.951.

El operativo para la filtración, explica el instructor, lo montaron los dos imputados «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Esas maniobras, sostiene Hurtado, empezaron después de que El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo, publicara una información titulada 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'; una versión engañosa atribuida al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Es ahí cuando, según el instructor infiere de los indicios, García Ortiz, «con la finalidad de ganar el relato» ante esa falsedad, «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales» para rebatir el pacto. De acuerdo al auto, las comunicaciones para filtrar el correo comenzaron con una conversación telefónica con Pilar Rodríguez minutos después de las 21:29 horas, tras la cual ésta realizó otro par de ellas al fiscal Salto, para solicitarle, por encargo del propio fiscal general del Estado que le remitiera inmediatamente los correos intercambiados entre él y el letrado de González Amador. La finalidad, según se dijo entonces, era redactar una nota pública para desmentir una información que estaba circulando por la redes. Lo que así hizo, a la cuenta privada –no la oficial– de García Ortiz.

La resolución otorga verosimilitud a que, en paralelo, se envió copia del 'mail' a Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del, a su vez, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, hoy ministro y candidato frente a Ayuso. Acera, describe Hurtado, dio «instrucciones» al luego dimitido líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo blandiera contra la dirigente del PP en la Asamblea ese mismo día. Lobato siempre desconfió de cómo su interlocutora se había hecho con el correo.