Un empresario vizcaíno juzgado por estafa, implicado en una trama política contra la UCO

Todo un inesperado giro de guion que Hamlyn siguió desde su casa en Dubái, donde reside habitualmente, puesto que no acudió a la vista oral celebrada en Madrid. Según la información adelantada por 'El Confidencial', el empresario vizcaíno se reunió al menos en una ocasión en febrero por videoconferencia con Leire Díez, la que fuera teniente de alcalde socialista del municipio cántabro de Vega de Pas y a la que diversas informaciones sitúan en el círculo del secretario de Organización del PSOE, Santo Cerdán.

Ese encuentro fue grabado por el propio Hamlyn y ahora ha visto la luz, desatando una nueva controversia en torno al Partido Socialista. En las imágenes se ve a Díez acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, además de otros interlocutores que apenas participan en la cita. Su objetivo era obtener documentos, «un papelito», que permita manchar el nombre del teniente coronel Balas, uno de los más altos cargos de la UCO y responsable de las investigaciones relacionadas con las causas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado o el 'caso Koldo'.

La que fuera exdirectora de Relaciones Institucionales en Correos y exdirectora de Filatelia señala en un momento dado a Balas como «verdugo». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. (…) Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor, Antonio Balas, se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él», se escucha a Díez.

Identificada como una de las 'fontaneras' más activas de Ferraz, Díez y sus acompañantes dan por hecho que Hamlyn tiene en su poder algún tipo de información incriminatoria sobre Balas y que, habida cuenta de que fue la UCO la que destapó el presunto fraude en el que esta implicado, tendría también interés en poner en entredicho el trabajo de esa unidad de la Guardia Civil. «Tú has sido víctima de la Camorra, pero de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil, ¿vale?», se le oye comentar a Díez, buscando la complicidad de Hamlyn.

«Yo puedo sacar mucha información -hace referencia a presuntos cargamentos de cocaína-. Pero necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado, yo no me he llevado ni un euro de nada. Me ha costado 60 millones de euros con la Hacienda foral (…) ¿Qué pasa con todo ese dinero que debo a la Foral? ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado? ¿Qué pasa con mi honor, eh? ¿Qué pasa con esas cosas?», les pregunta desde Dubái el empresario vizcaíno, según la grabación en poder de 'El Confidencial'.

«Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado (...). Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas, ¿vale? Así de claro. Necesito a Balas», contesta Díez.

Vista la situación actual, aquel acercamiento a Hamlyn quedó en nada, puesto que la Fiscalía pide para el vizcaíno y el resto de acusados en la 'operación Drake' penas que superan los 50 años de cárcel y multas millonarias. Fue en 2015 cuando la Guardia Civil y la Agencia Tributaria iniciaron una investigación que desembocó cuatro años después en la detención de 21 personas, entre ellas Alejandro Hamlyn, presidente del grupo Hafesa de comercialización y distribución de productos petrolíferos y que «ejercía un dominio total» sobre toda la red. Según el auto de apertura de juicio oral, el acusado ideó presuntamente un «complejo» entramado dirigido a eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para su «enriquecimiento patrimonial». A los acusados se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Este caso tiene una tercera ramificación en Bizkaia, puesto que la Hacienda foral sería una de las perjudicadas por el presunto fraude. En ese sentido, el PP vasco se mostró ayer muy duro con el papel desempeñado por la Diputación vizcaína en este tema. Según Javier de Andrés, la institución foral «está favoreciendo» a Alejandro Hamlyn con «aplazamientos excepcionales y exquisitos hasta 2030 de 225 millones de euros», mientras que la deuda que acumula con el Fisco vizcaíno sería de «140 millones». «Vamos a preguntar (en las Juntas Generales) cuál es el motivo por el cual una empresa con una trayectoria no muy brillante ni muy limpia, que está ahora mismo en un proceso judicial por corrupción, tiene este tipo de aplazamientos», adelantó el presidente del PP vasco.

Según el dirigente popular, este trato de favor «huele muy mal» y «despierta muchas sospechas» por la implicación de Hamlyn en una trama urdida por «Víctor de Aldama», que el pasado mes de marzo ya adelantó en un programa de Telecinco que personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un empresario a cambio de información para desacreditar sus revelaciones.